Mediante la Bundestagsdrucksache 21/9277 (documento parlamentario del Bundestag alemán), de 18 de noviembre de 2026, el Bundesrat (Consejo Federal de Alemania) presentó un proyecto de ley destinado a reforzar la protección penal de las infraestructuras críticas. El elemento central del proyecto es un nuevo § 123a StGB-E (proyecto de artículo 123a del Strafgesetzbuch, Código Penal alemán), que, bajo la denominación «allanamiento perjudicial para la colectividad», pretende tipificar la entrada y permanencia ilícitas en determinadas zonas operativas, así como el uso no autorizado de aeronaves no tripuladas sobre dichas zonas. El Bundesrat aprobó el proyecto el 16 de octubre de 2026. El Bundestag (Parlamento Federal alemán) aún no ha adoptado ninguna decisión.
Protección penal de las infraestructuras críticas
Importancia para la seguridad y el abastecimiento
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el funcionamiento de las infraestructuras críticas constituye una base esencial para la sociedad, la seguridad pública y la estabilidad económica. Las instalaciones que prestan servicios críticos requieren una protección especial, ya que incluso perturbaciones menores podrían tener consecuencias considerables para la colectividad.
El proyecto señala que, en los últimos tiempos, se ha accedido cada vez con mayor frecuencia y sin autorización a instalaciones de infraestructuras críticas o se han efectuado sobre ellas vuelos no autorizados de aeronaves no tripuladas. Incluso sin que se produzcan daños concretos o interrupciones del funcionamiento, estos hechos podrían generar situaciones de riesgo, restricciones operativas por motivos de seguridad, elevados costes de intervención y perjuicios duraderos para la percepción de seguridad.
Laguna de protección apreciada por el Bundesrat
En opinión del Bundesrat, el § 123 StGB (artículo 123 del Código Penal alemán) y otras disposiciones penales vigentes no abarcan suficientemente estos supuestos. El delito de allanamiento previsto en el § 123 StGB está orientado principalmente a proteger el derecho individual de admisión y exclusión. Otros tipos penales solo resultan aplicables, en parte, cuando ya se han producido daños concretos o se han realizado actos adicionales.
Por ello, el proyecto de ley parte de la existencia de una laguna de protección entre el régimen sancionador administrativo, la normativa de protección de datos y el Derecho penal. Esta afectaría, en particular, a actos relevantes para la seguridad realizados en una fase previa a un ataque, así como a perturbaciones que no estén vinculadas a la intención de menoscabar la integridad material de la instalación afectada.
Nuevo delito de allanamiento perjudicial para la colectividad
Entrada y permanencia ilícitas
El proyectado § 123a, apartado 1, StGB pretende tipificar la entrada ilícita en un recinto delimitado, un edificio o una parte cerrada de un edificio cuando la zona correspondiente esté destinada al funcionamiento de una instalación esencial para la prestación de un servicio crítico.
También incurriría en responsabilidad penal quien permanezca sin autorización en una zona de este tipo y no la abandone pese al requerimiento de la persona facultada para formularlo. Para el tipo básico, el proyecto prevé una pena privativa de libertad de hasta dos años o una multa.
En particular, podrían constituir el objeto material del delito las siguientes zonas:
- Se incluirían los recintos delimitados funcionalmente vinculados al funcionamiento de una instalación esencial para un servicio crítico.
- Se incluirían los edificios destinados al funcionamiento de una instalación de este tipo.
- El tipo penal abarcaría asimismo las partes cerradas de edificios, siempre que cumplan una función operativa equivalente.
- También quedarían protegidas las zonas que no presten por sí mismas un servicio crítico, pero que contribuyan directamente al funcionamiento mediante dispositivos técnicos o componentes indispensables para la actividad.
Según la exposición de motivos del proyecto, el requisito de estar destinado al funcionamiento presupone una finalidad objetiva. Esta podría derivarse de una adscripción expresa o de un uso efectivo consolidado. Por lo demás, la determinación de los objetos materiales comprendidos debería regirse por los principios desarrollados en relación con el § 123 StGB.
Función de la voluntad contraria
A diferencia del allanamiento tradicional, en el § 123a StGB la voluntad contraria de la persona facultada no tendría por objeto proteger un derecho individual de admisión y exclusión. Su función consistiría, más bien, en delimitar objetivamente el alcance del tipo penal.
De este modo, quedarían fuera del ámbito del delito los accesos que, aunque formalmente se produzcan sin autorización expresa, sean socialmente inocuos o necesarios para la actividad. A este respecto, la exposición de motivos menciona, en particular, las intervenciones de técnicos, del personal de seguridad en el ejercicio de sus funciones y de proveedores en zonas relevantes desde el punto de vista logístico.
Delito de peligro abstracto
Para que exista responsabilidad penal conforme al § 123a, apartado 1, StGB-E no sería necesario que se produjera un peligro concreto o una interrupción efectiva del funcionamiento. El tipo penal proyectado está configurado como delito de peligro abstracto.
Según la exposición de motivos, la mera entrada no autorizada y la posterior permanencia pueden generar riesgos considerables. Entre ellos se encuentran las reacciones técnicas de seguridad, las interrupciones temporales del funcionamiento o las intervenciones del personal de seguridad. Además, la mera entrada en las zonas correspondientes podría generar la impresión de que la seguridad del abastecimiento se encuentra amenazada.
El autor tendría que actuar dolosamente respecto de todos los elementos objetivos del tipo. Por tanto, debería al menos aceptar la posibilidad de que la zona afectada pertenezca a una instalación que preste un servicio crítico o esté funcionalmente vinculada a ella. Para el tipo básico no sería necesaria una intención específica de causar daños o perturbaciones.
Responsabilidad penal por vuelos de drones
Entrada en el espacio aéreo situado sobre instalaciones protegidas
El § 123a, apartado 2, StGB-E pretende tipificar el uso ilícito de aeronaves no tripuladas sobre las zonas comprendidas en el apartado 1. Tanto la entrada en el espacio aéreo correspondiente como la permanencia en él realizarían el tipo penal.
El proyecto entiende por espacio aéreo relevante la zona de la atmósfera abierta hacia arriba y funcionalmente vinculada al inmueble correspondiente, en la medida en que resulte relevante para el uso y la protección de la propiedad. El concepto de aeronave no tripulada debería interpretarse de forma tecnológicamente neutra y comprender, en particular, los drones en el sentido de las disposiciones sobre navegación aérea.
No se requiere un perjuicio efectivo
El § 123a, apartado 2, StGB-E también estaría configurado como delito de peligro abstracto. Por tanto, el perjuicio efectivo de la instalación o de su funcionamiento no sería un requisito de la responsabilidad penal.
Según la exposición de motivos del proyecto, la mera presencia de una aeronave no tripulada puede generar riesgos. Entre ellos se mencionan el posible espionaje, la preparación de un acto de sabotaje y las interrupciones del funcionamiento por motivos de seguridad.
Para el uso no autorizado de drones, el proyecto prevé una pena privativa de libertad de hasta un año o una multa. Según la exposición de motivos, el marco penal inferior al del apartado 1 tiene en cuenta que un mero sobrevuelo requiere, por regla general, menor energía criminal que la entrada física en una zona protegida.
El apartado 2 también exige dolo respecto de todos los elementos objetivos del tipo. El autor debería al menos aceptar la posibilidad de que la aeronave no tripulada se utilice sobre una instalación esencial para la prestación de un servicio crítico o sobre una zona operativa funcionalmente vinculada a ella. No sería necesaria una intención específica de causar daños o perturbaciones.
Tipo cualificado por preparación de sabotaje o ataque
Mayor potencial de riesgo
El § 123a, apartado 3, StGB-E pretende abarcar supuestos especialmente peligrosos. El tipo cualificado resultaría aplicable cuando el autor cometiera el hecho con la intención de preparar un acto de sabotaje o un ataque contra la instalación afectada.
Se incluirían, en particular, los casos en los que la entrada, la permanencia o el sobrevuelo no se produjeran de manera aislada. Por el contrario, el acto tendría que estar integrado deliberadamente en una cadena más amplia de ataque y servir para preparar otras medidas lesivas.
Pena privativa de libertad de tres meses a cinco años
Para el tipo cualificado, el proyecto de ley prevé una pena privativa de libertad de tres meses a cinco años. Según la exposición de motivos, el límite mínimo pretende impedir que en muchos casos pueda imponerse una multa. Al mismo tiempo, el límite máximo permitiría valorar adecuadamente las circunstancias de cada caso concreto.
Mediante esta graduación, el proyecto distingue entre una conducta aislada sin conexión concreta con un ataque y medidas de reconocimiento organizadas profesionalmente y relacionadas con posteriores escenarios de ataque o sabotaje.
Alcance del concepto de instalación crítica
Referencia al KRITIS-Dachgesetz
El concepto de instalación esencial para la prestación de un servicio crítico pretende basarse en el § 2 del Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2557 und zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen (Ley alemana de transposición de la Directiva (UE) 2022/2557 y de refuerzo de la resiliencia de las instalaciones críticas).
El proyectado § 123a StGB pretende comprender todas las instalaciones que presten un servicio crítico en los sectores allí mencionados. Para el tipo penal no resultarían determinantes los umbrales que, conforme al KRITIS-Dachgesetz (Ley marco alemana sobre infraestructuras críticas), rigen la clasificación como instalación crítica.
Por tanto, el ámbito de aplicación del proyectado § 123a StGB sería más amplio que la clasificación basada en umbrales prevista en el KRITIS-Dachgesetz. Según su exposición de motivos, el proyecto tiene en cuenta esta circunstancia manteniendo la configuración del tipo básico como delito menos grave.
Finalidad de protección y persecución penal
Protección autónoma de la colectividad
El nuevo tipo penal pretende complementar las disposiciones existentes, en particular el § 123 StGB, el § 304 StGB (artículo 304 del Código Penal alemán) y el § 316b StGB (artículo 316b del Código Penal alemán), sin desplazarlas. No se protegerían derechos individuales de admisión y exclusión, sino bienes jurídicos supraindividuales.
El proyecto incluye entre ellos la seguridad y el orden públicos, así como el funcionamiento de instalaciones esenciales de servicios de interés general. De acuerdo con ello, el injusto merecedor de pena radicaría ya en el peligro abstracto para el abastecimiento mediante servicios críticos.
La regulación autónoma situada a continuación del § 123 StGB pretende separar sistemáticamente la protección individual de la protección de la colectividad. Por este motivo, el Bundesrat no configuró el tipo ni como modalidad cualificada ni como supuesto especialmente grave del § 123 StGB.
Persecución de oficio
El § 123a StGB-E se configuraría como delito perseguible de oficio. Por tanto, la persecución penal no dependería de la presentación de una querella o denuncia a instancia de la persona facultada.
Como fundamento, el proyecto indica que los bienes jurídicos protegidos no están a disposición de personas concretas. La persecución debe servir a la protección de la colectividad y, por ello, no depender de intereses individuales.
Modificaciones de otras disposiciones
Adaptación del NATO-Truppen-Schutzgesetz
El artículo 2 del proyecto de ley prevé una modificación derivada del NATO-Truppen-Schutzgesetz (Ley alemana de protección de las tropas de la OTAN). En el § 1, apartado 2, número 7, la remisión a las disposiciones pertinentes del Strafgesetzbuch se ampliaría para incluir el § 123a StGB.
Entrada en vigor prevista
De conformidad con el artículo 3, la ley entraría en vigor al día siguiente de su promulgación. Para ello es necesario que concluya el procedimiento legislativo. Por tanto, el propio proyecto de ley aún no establece responsabilidad penal conforme al § 123a StGB.
Consecuencias financieras y administrativas
Sin cargas para la ciudadanía ni para las empresas
Según la estimación de costes del proyecto de ley, no se generaría ninguna carga adicional de cumplimiento para la ciudadanía ni para las empresas. No se introducirían, simplificarían ni suprimirían obligaciones de información para las empresas. Tampoco se prevén costes directos adicionales para la ciudadanía o la economía.
Incremento previsto de los costes de la persecución penal
El proyecto no prevé un aumento significativo del número total de investigaciones penales. Una parte de los hechos tratados hasta ahora como infracciones administrativas o con arreglo al § 123 StGB podría quedar comprendida en el futuro en el § 123a StGB.
No obstante, se espera un aumento moderado de la actividad investigadora policial. Según la estimación de costes, esto afectaría especialmente a los sobrevuelos deliberados de infraestructuras críticas mediante aeronaves no tripuladas.
Para el conjunto de los Länder (estados federados alemanes), se estiman costes adicionales anuales de aproximadamente dos millones de euros, dentro del tramo inferior de un solo dígito de millones. En el ámbito federal se prevé un aumento moderado de los procedimientos tramitados por los cuerpos federales de policía y costes inferiores a 500.000 euros. No se espera un incremento relevante de los recursos de casación ante el Bundesgerichtshof (BGH, Tribunal Federal de Justicia de Alemania) ni una intervención más frecuente del Generalbundesanwalt (Fiscal General Federal de Alemania), ya que el proyecto no pretende modificar sustancialmente la distribución de competencias entre la Federación y los Länder.
Posición discrepante de la Bundesregierung
La Bundesregierung considera que el Derecho vigente es suficiente en la mayoría de los casos
La Bundesregierung (Gobierno Federal alemán) comparte la valoración de que el funcionamiento de las infraestructuras críticas reviste una importancia fundamental para la seguridad pública, el abastecimiento de la población y la estabilidad económica. Sin embargo, considera que las disposiciones penales y administrativas sancionadoras vigentes son suficientes para la mayoría de los hechos merecedores de sanción.
Según su dictamen, los casos comprendidos en el § 123a, apartado 1, StGB-E ya están abarcados por el delito de allanamiento del § 123 StGB. Dependiendo de las circunstancias del caso concreto, un contenido de injusto adicional podría quedar comprendido, en particular, en el § 88 StGB (artículo 88 del Código Penal alemán), el § 315 StGB (artículo 315 del Código Penal alemán), el § 316b StGB y el § 317 StGB (artículo 317 del Código Penal alemán).
Examen de una regulación en la normativa de navegación aérea
La Bundesregierung valora de manera diferente la situación jurídica de los meros sobrevuelos con aeronaves no tripuladas. En la actualidad, estos casos solo podrían sancionarse, en principio, como infracción administrativa conforme al § 44, apartado 1, número 17d, de la Luftverkehrs-Ordnung (Reglamento alemán de navegación aérea). La persecución penal únicamente sería posible si concurrieran circunstancias adicionales, por ejemplo, conforme al § 87 StGB (artículo 87 del Código Penal alemán) o al § 109g StGB (artículo 109g del Código Penal alemán).
Por ello, la Bundesregierung considera apropiado examinar si el sobrevuelo no autorizado de infraestructuras críticas mediante aeronaves no tripuladas debería pasar a tipificarse como delito. Sin embargo, en su opinión, la regulación correspondiente debería integrarse en la normativa de navegación aérea. En función del resultado del examen, podría presentar una propuesta normativa al respecto.
Importancia del proyecto para empresas y operadores
El proyecto de ley ampliaría la protección penal de las zonas operativas destinadas a la prestación de servicios críticos. Su alcance no se limitaría a las instalaciones que alcancen los umbrales establecidos en el KRITIS-Dachgesetz. Al mismo tiempo, seguirían siendo aplicables los tipos penales ya vigentes.
Dado que el procedimiento legislativo aún no ha concluido, no se ha determinado si el § 123a StGB se introducirá en la versión propuesta ni si se adoptará una regulación diferente sobre el uso de aeronaves no tripuladas. Las empresas, los operadores, los inversores y otras partes afectadas pueden solicitar a MTR Legal, en el marco de un asesoramiento jurídico en materia de Derecho penal económico, una evaluación de las repercusiones del proyecto sobre los ámbitos de responsabilidad penal y las circunstancias operativas.