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El StaRUG no comprende los avales de los administradores

Veröffentlicht am 20/11/2026

El Bundesgerichtshof (BGH, Tribunal Federal de Justicia) adoptó, mediante resolución de 24 de septiembre de 2026 (Az. IX ZB 5/26, número de asunto), una importante decisión sobre la posibilidad de reestructuración de las personas físicas conforme al Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG, Ley alemana de estabilización y reestructuración empresarial).

La cuestión central de la decisión es si un socio comanditario de una GmbH & Co. KG que, al mismo tiempo, es administrador y socio de su GmbH complementaria puede reestructurar sus obligaciones personales derivadas de avales asumidos mediante un plan de reestructuración conforme al StaRUG.

El BGH respondió negativamente. La mera participación en una sociedad y el ejercicio del cargo de administrador no constituyen por sí solos una actividad empresarial en el sentido del § 30 Abs. 1 Satz 2 StaRUG (artículo 30, apartado 1, segunda frase, de la Ley alemana de estabilización y reestructuración empresarial). Por tanto, las obligaciones derivadas de los correspondientes avales prestados por socios no pueden, en principio, ser objeto de un plan de reestructuración.

Obligaciones por avales de varios millones

La resolución se basó en los siguientes hechos: el deudor era socio comanditario de una GmbH & Co. KG. Su única socia colectiva era una GmbH de administración. El deudor poseía una participación del 50 % en esta GmbH complementaria. Al mismo tiempo, ejercía el cargo de administrador.

Además, poseía una participación del 25 % en otra GmbH. Según sus propias manifestaciones, también explotaba una empresa de consultoría independiente bajo su propia razón comercial.

El deudor había prestado avales solidarios frente a varios bancos para garantizar obligaciones de la GmbH & Co. KG. Como consecuencia, estaba expuesto a un considerable riesgo de responsabilidad personal.

El 1 de septiembre de 2025 se abrió un procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio de la GmbH & Co. KG. Tras la apertura del procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio de la KG, el deudor promovió su propio proyecto de reestructuración conforme al StaRUG.

Plan de reestructuración previsto

El deudor pretendía reorganizar sus obligaciones personales mediante un plan de reestructuración.

A tal efecto, el plan de reestructuración presentado contemplaba tres clases de acreedores:

  • Primera clase de acreedores: bancos que reclamaban al deudor en virtud de sus avales solidarios por obligaciones de la GmbH & Co. KG.

  • Segunda clase de acreedores: pequeños acreedores.

  • Tercera clase de acreedores: otros acreedores quirografarios afectados por la reestructuración que estaban interesados en la continuidad de la empresa.

Los créditos derivados de los avales asumidos constituían el objeto principal del proyecto de reestructuración.

Postura del deudor

El deudor sostenía que debía ser considerado una persona física que ejercía una actividad empresarial.

Lo fundamentaba, en particular, en su actividad como administrador y en su condición de socio de la GmbH & Co. KG y de la GmbH complementaria. Además, hacía referencia a la empresa de consultoría que explotaba de forma independiente.

En su opinión, por ello, las obligaciones derivadas de los avales también podían ser objeto de una reestructuración conforme al StaRUG.

Asimismo, alegó que la ejecución de los avales pondría en peligro la continuidad de su empresa de consultoría y podría incluso provocar su desmantelamiento.

Decisiones de las instancias anteriores

El Amtsgericht Düsseldorf (Tribunal Local de Düsseldorf), en su condición de tribunal de reestructuración, archivó el procedimiento de reestructuración mediante resolución de 9 de noviembre de 2025 – 603 RES 1/25, por falta de perspectivas de éxito.

El recurso inmediato interpuesto contra dicha resolución fue desestimado por el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de Düsseldorf).

Posteriormente, el deudor continuó sosteniendo su pretensión ante el Bundesgerichtshof mediante el recurso de casación autorizado.

Decisión del Bundesgerichtshof

El Bundesgerichtshof desestimó el recurso de casación del deudor.

De este modo, confirmó las decisiones de las instancias anteriores y aclaró que las obligaciones personales derivadas de los avales prestados por el socio no pueden reestructurarse mediante un plan de reestructuración conforme al StaRUG.

El aspecto decisivo fue que las obligaciones derivadas de los avales controvertidos no tenían su origen en una actividad empresarial propia del deudor.

La mera condición de socio no constituye una actividad empresarial

Según el BGH, ni la participación en una sociedad comanditaria ni la participación en una sociedad de capital constituyen, en principio, una actividad económica independiente o empresarial en el sentido del StaRUG.

El ejercicio del cargo de administrador de una GmbH que desarrolla una actividad empresarial tampoco implica automáticamente que el propio administrador deba ser considerado una persona que ejerce una actividad empresarial.

La actividad orgánica desempeñada para una sociedad debe distinguirse de la actividad empresarial propia de la persona física.

Las obligaciones derivadas de los avales no son reestructurables

El BGH aclaró además que las obligaciones derivadas de un aval solidario no deben calificarse como obligaciones empresariales por el mero hecho de que el aval se haya prestado para garantizar obligaciones sociales.

El hecho de que el deudor fuera al mismo tiempo socio y administrador de la sociedad no alteraba esta conclusión.

El aval genera, más bien, una responsabilidad personal frente al acreedor correspondiente. Sin embargo, no convierte al avalista en una persona que ejerce por sí misma una actividad empresarial en el sentido del StaRUG.

Por tanto, las obligaciones personales derivadas de los avales no podían ser objeto de modificación mediante un plan de reestructuración.

Fundamentación de la resolución del Bundesgerichtshof

La fundamentación del BGH reviste especial importancia para la interpretación del concepto de actividad empresarial conforme al § 30 Abs. 1 Satz 2 StaRUG.

Interpretación autónoma del concepto de empresario en el StaRUG

En primer lugar, el BGH analiza cuándo debe considerarse que una persona física ejerce una actividad empresarial en el sentido del StaRUG.

El criterio determinante no es únicamente si la persona en cuestión está vinculada de alguna forma a una empresa o persigue intereses económicos en una sociedad.

Lo decisivo es, más bien, si la propia persona física ejerce una actividad empresarial.

Por tanto, la actividad empresarial debe poder atribuirse a la propia persona física.

La mera condición de socio no basta, en principio, a estos efectos. Esto se aplica tanto a la participación en una GmbH como a la condición de socio comanditario de una GmbH & Co. KG.

Delimitación respecto de la jurisprudencia en materia de insolvencia de consumidores

Resulta especialmente interesante el análisis efectuado por el BGH de su jurisprudencia anterior en materia de insolvencia de consumidores.

Según decisiones anteriores del BGH, el socio único o mayoritario que ejerce como administrador de una GmbH puede desarrollar una actividad económica independiente en el sentido del § 304 InsO (artículo 304 de la Insolvenzordnung, Ley alemana de insolvencia).

El BGH lo había fundamentado en que dicho socio administrador ocupa, desde una perspectiva económica, una posición empresarial y puede encontrarse habitualmente ante obligaciones características de los empresarios autónomos.

Sin embargo, el BGH no traslada esta jurisprudencia al StaRUG.

La distinta valoración se explica por las diferentes finalidades normativas de las leyes:

  • La normativa sobre insolvencia de consumidores sirve, en particular, para asignar a las personas físicas a los distintos procedimientos de insolvencia.

  • El StaRUG, en cambio, persigue el objetivo de estabilizar y sanear empresas en el marco de un procedimiento preventivo de reestructuración.

Por ello, los requisitos de la actividad empresarial deben determinarse de forma autónoma atendiendo a la finalidad normativa de cada régimen.

En consecuencia, una persona física puede ser considerada económicamente autónoma en el marco de la normativa sobre insolvencia de consumidores sin ejercer al mismo tiempo una actividad empresarial en el sentido del StaRUG.

El aval no constituye una actividad empresarial propia

Otro aspecto esencial de la decisión se refiere a la calificación jurídica de los avales asumidos.

El BGH señala que la prestación de un aval por obligaciones sociales no constituye una actividad empresarial autónoma del avalista.

El aval sirve para garantizar los créditos del acreedor. De este modo, el avalista asume el riesgo de responsabilidad personal en caso de que el deudor principal incumpla sus obligaciones.

Sin embargo, este solo hecho no lo convierte en empresario.

Esto también se aplica cuando el avalista es, al mismo tiempo, socio y administrador de la sociedad cuyas obligaciones ha garantizado.

Lo decisivo sigue siendo que la responsabilidad personal derivada del aval no puede equipararse a una actividad empresarial propia.

El ámbito de aplicación no se extiende a la exoneración de deudas personales

Con su decisión, el BGH deja asimismo claro que el StaRUG no está destinado a liberar a las personas físicas de sus obligaciones personales que únicamente hayan surgido en relación con la actividad empresarial de una sociedad.

Conforme al Derecho alemán, la exoneración de las deudas personales de las personas físicas se lleva a cabo, en principio, mediante el procedimiento de insolvencia.

En cambio, el procedimiento de reestructuración tiene por objeto posibilitar el saneamiento de una empresa.

La extensión del StaRUG a las obligaciones personales derivadas de avales excedería esta finalidad legal.

Por tanto, la responsabilidad personal de un socio o administrador por obligaciones sociales no basta para permitirle acceder al procedimiento de reestructuración.

Importancia jurídica y efectos prácticos de la decisión

La resolución del BGH tiene una considerable importancia práctica para los socios administradores que hayan prestado avales personales por obligaciones de su sociedad.

En particular, la decisión pone de manifiesto que la actividad empresarial de una sociedad no puede atribuirse sin más a sus socios o administradores.

Para aplicar el StaRUG es necesario, más bien, examinar de forma autónoma la actividad empresarial de la persona física correspondiente.

Para la práctica se derivan, en particular, las siguientes consecuencias:

  1. La mera participación en una GmbH o GmbH & Co. KG no constituye, en principio, una actividad empresarial en el sentido del StaRUG.

  2. El ejercicio del cargo de administrador de una GmbH que desarrolla una actividad empresarial tampoco basta automáticamente a estos efectos.

  3. Las obligaciones personales derivadas de avales por deudas sociales no son reestructurables únicamente por su contexto empresarial.

  4. El StaRUG no puede utilizarse para liberar a personas físicas de obligaciones de responsabilidad personal derivadas de avales prestados por socios.

A este respecto, reviste especial importancia la distinción entre la actividad empresarial de una sociedad y la actividad empresarial propia de su socio o administrador.

Una persona física puede, ciertamente, ejercer por cuenta propia una actividad empresarial. Sin embargo, de ello no se desprende automáticamente que todas las obligaciones personales que haya asumido en relación con su participación societaria puedan ser objeto de un plan de reestructuración.

Conclusión

Mediante resolución de 24 de septiembre de 2026 (Az. IX ZB 5/26), el BGH ha concretado los límites de la posibilidad de reestructuración de las personas físicas conforme al StaRUG.

La mera condición de socio o el ejercicio del cargo de administrador no bastan para constituir una actividad empresarial en el sentido del § 30 Abs. 1 Satz 2 StaRUG. En particular, las obligaciones personales derivadas de avales prestados por socios no pueden incluirse en un plan de reestructuración por el mero hecho de que sirvan para financiar o garantizar a una sociedad que desarrolla una actividad empresarial.

De este modo, la decisión pone de manifiesto la clara separación entre el saneamiento de una empresa y la exoneración de las deudas personales de sus socios y administradores.

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