El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha precisado la relación entre el derecho de reproducción y la comunicación al público al subir contenidos protegidos a plataformas en línea (TJUE, sentencia de 12 de noviembre de 2026 – C-579/24). Cuando un prestador de servicios almacena en sus servidores las obras u otras prestaciones protegidas subidas por los usuarios, se produce una reproducción en el sentido del art. 2 de la Directiva 2001/29/CE. No obstante, para las copias técnicamente necesarias no debe obtenerse una autorización adicional a la exigida, con arreglo al art. 17, apdo. 1, de la Directiva (UE) 2019/790, para la comunicación al público o la puesta a disposición del público.
Controversia sobre la gestión de derechos en plataformas en línea
Competencias de las entidades de gestión implicadas
El procedimiento tuvo su origen en un litigio entre las entidades de gestión austriacas A. y B., por una parte, y la Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften (autoridad austriaca de supervisión de las entidades de gestión), por otra.
A. es una filial íntegramente participada por B. Ambas sociedades celebran contratos con titulares de derechos para gestionar determinados derechos exclusivos y negociar en su nombre autorizaciones o acuerdos de licencia con prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. En particular, A. gestiona el derecho de reproducción previsto en el art. 2 de la Directiva 2001/29, mientras que B. es competente respecto de los derechos de comunicación al público y de puesta a disposición del público contemplados en el art. 3 de dicha Directiva.
Desestimación de la solicitud declarativa
El 7 de junio de 2022, A. solicitó a la autoridad de supervisión que declarase que su autorización de gestión también comprendía las copias generadas en los servidores de los prestadores de servicios cuando los usuarios de las plataformas suben contenidos protegidos. Se refería a reproducciones destinadas a la posterior comunicación al público o puesta a disposición del público en las respectivas plataformas.
La autoridad de supervisión desestimó esta solicitud mediante resolución de 30 de enero de 2023. Declaró que la autorización de gestión ya concedida a B. comprendía las reproducciones en cuestión. En un primer momento, la autoridad puso en duda que las operaciones incluidas en el ámbito del art. 17 de la Directiva 2019/790 afectasen siquiera al derecho de reproducción. Aun suponiendo que así fuera, consideró que las copias técnicamente necesarias para la comunicación al público o la puesta a disposición del público estaban comprendidas en la autorización obtenida a tal efecto.
A. y B. interpusieron un recurso contra dicha resolución ante el österreichisches Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Administrativo Federal de Austria). Posteriormente, la autoridad de supervisión documentó que dicho órgano jurisdiccional había planteado al TJUE varias cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión. La petición fue registrada el 9 de octubre de 2024 en la documentación austriaca sobre la UE de la Bundeskanzleramt (Cancillería Federal de Austria), con la Geschäftszahl (número de expediente) 2024-0.669.757.
Normativa relevante en materia de derechos de autor
Amplio derecho de reproducción conforme al art. 2
El art. 2 de la Directiva 2001/29 obliga a los Estados miembros a reconocer a determinados titulares el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, total o parcial. Quedan comprendidas las reproducciones con independencia del medio y de la forma en que se realicen.
El TJUE interpreta en sentido amplio el concepto de reproducción. Esta interpretación se basa tanto en el tenor de la disposición como en el objetivo de la Directiva de garantizar un elevado nivel de protección, especialmente en favor de los autores.
Las normas internacionales también respaldan esta interpretación. Conforme al art. 9 del Convenio de Berna, los autores gozan, en principio, del derecho exclusivo a autorizar la reproducción de sus obras. La declaración concertada relativa al art. 1, apdo. 4, del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor califica como reproducción el almacenamiento electrónico de una obra protegida en formato digital.
Responsabilidad especial de los prestadores de plataformas
El art. 17, apdo. 1, de la Directiva 2019/790 establece que un prestador de servicios para compartir contenidos en línea realiza un acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público cuando ofrece al público acceso a contenidos protegidos subidos por sus usuarios. Por consiguiente, el prestador debe obtener la autorización de los titulares de derechos mencionados en el art. 3, apdos. 1 y 2, de la Directiva 2001/29, por ejemplo, mediante un acuerdo de licencia.
Con arreglo al art. 2, punto 6, de la Directiva 2019/790, se considera prestador de servicios para compartir contenidos en línea al prestador de un servicio de la sociedad de la información cuyo fin principal, o uno de cuyos fines principales, sea almacenar y dar acceso al público a una gran cantidad de contenidos protegidos subidos por sus usuarios. Además, el prestador debe organizar y promocionar dichos contenidos con fines lucrativos. Determinados servicios, entre ellos las enciclopedias en línea sin ánimo de lucro, los mercados en línea y los servicios en la nube para uso individual, quedan excluidos de esta definición.
El art. 17 introduce un régimen especial de responsabilidad para los prestadores de plataformas incluidos en su ámbito de aplicación. Si no se ha concedido una autorización, los prestadores son responsables de los actos no autorizados de comunicación al público, incluida la puesta a disposición del público, salvo que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 17, apdo. 4.
El almacenamiento en servidores de plataformas es una reproducción
Generación automática de copias digitales
Durante la subida, el archivo que contiene el contenido protegido se transmite por Internet desde el dispositivo terminal del usuario hasta los centros de datos del prestador de servicios. A continuación, se almacena en sus servidores antes de poder compartirse a través de la plataforma. En el marco de este proceso se generan automáticamente copias digitales del archivo.
Según el TJUE, este almacenamiento está comprendido en el concepto de reproducción del art. 2 de la Directiva 2001/29. Así sucede aunque las copias tengan técnicamente por objeto permitir la comunicación al público o la puesta a disposición del público del contenido correspondiente.
La reproducción es realizada por el propio prestador o le resulta imputable. El hecho de que el usuario inicie el proceso mediante la función de subida no modifica esta calificación.
Inaplicabilidad de la excepción relativa a copias provisionales
El art. 5, apdo. 1, de la Directiva 2001/29 excluye del derecho de reproducción determinados actos técnicos de reproducción. Para ello deben cumplirse acumulativamente los siguientes requisitos:
-
La reproducción debe ser provisional.
-
Debe tener carácter transitorio o accesorio.
-
Debe formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico.
-
Su única finalidad debe consistir en facilitar una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario o una utilización lícita.
-
No debe tener una significación económica independiente.
La falta de uno solo de estos requisitos excluye la aplicación de la excepción. Según las circunstancias consideradas por el TJUE, nada indicaba que las copias generadas en los servidores de las plataformas se almacenasen únicamente de forma provisional. Por el contrario, pueden conservarse durante un período indefinido o, cuando menos, durante períodos prolongados. La comprobación definitiva de esta circunstancia fáctica corresponde al órgano jurisdiccional remitente.
Por tanto, la excepción del art. 5, apdo. 1, no resulta aplicable, aun cuando la creación de las copias sea técnicamente necesaria para difundir los contenidos a través de la plataforma de que se trate.
No se exige una autorización adicional para las copias técnicamente necesarias
Régimen uniforme para los prestadores de plataformas
Aunque el almacenamiento en servidores constituye una reproducción, los prestadores de servicios no deben obtener para ello una autorización distinta de la autorización para la comunicación al público o la puesta a disposición del público. Según la interpretación del TJUE, la autorización que debe obtenerse de conformidad con el art. 17, apdo. 1, de la Directiva 2019/790 comprende también los actos de reproducción técnicamente necesarios.
Es cierto que el tenor del art. 17, apdo. 1, solo menciona la comunicación al público y la puesta a disposición del público y remite expresamente únicamente al art. 3, apdos. 1 y 2, de la Directiva 2001/29. Sin embargo, según el Tribunal de Justicia, del contexto normativo y de la finalidad de la disposición se desprende que la autorización necesaria comprende también las copias técnicas indisociablemente vinculadas a estas formas de explotación.
El art. 17 pretende, en particular, establecer un régimen uniforme de responsabilidad para los prestadores de servicios. Un tratamiento separado del almacenamiento en servidores supondría aplicar paralelamente distintos regímenes de responsabilidad a un único proceso técnico. Mientras que la comunicación al público y la puesta a disposición del público quedarían sujetas al art. 17, la reproducción podría seguir rigiéndose por las disposiciones nacionales de transposición de los arts. 2 y 8 de la Directiva 2001/29 y, en su caso, por la limitación de responsabilidad prevista en el art. 14, apdo. 1, de la Directiva 2000/31.
Según las consideraciones del TJUE, tal fragmentación aumentaría la inseguridad jurídica. Por tanto, el art. 17 debe interpretarse en el sentido de que la autorización para la comunicación al público o la puesta a disposición del público comprende también las reproducciones técnicamente necesarias para ello.
Equilibrio entre los derechos e intereses afectados
El Tribunal de Justicia también se basó en el equilibrio que el art. 17 persigue entre los derechos e intereses de los prestadores de plataformas, los titulares de derechos y los usuarios. El régimen especial de responsabilidad tiene por objeto aclarar la situación jurídica de los prestadores y, al mismo tiempo, reforzar la protección de los titulares de derechos.
Si los prestadores no obtienen una autorización, solo pueden quedar exentos de responsabilidad si cumplen los requisitos del art. 17, apdo. 4. Entre otras cosas, deben hacer los mayores esfuerzos por obtener una autorización y actuar, de acuerdo con normas sectoriales estrictas de diligencia profesional, para garantizar la indisponibilidad de determinados contenidos identificados por los titulares de derechos. Tras recibir una notificación suficientemente motivada, deben actuar con prontitud para bloquear el acceso a los contenidos en cuestión o retirarlos e impedir que vuelvan a subirse.
Relevancia de la sentencia para los usuarios de plataformas
La subida también comprende una reproducción
El TJUE examinó por separado la actuación de los usuarios. Quien sube un contenido protegido a los servidores de un prestador de servicios permite que se cree allí una copia digital. Además de la comunicación al público o la puesta a disposición del público, este proceso también constituye una reproducción conforme al art. 2 de la Directiva 2001/29.
Sin embargo, los usuarios no deben obtener una autorización separada para esta reproducción técnicamente necesaria. Esta queda comprendida en la autorización que el prestador de servicios debe obtener de los titulares de derechos correspondientes con arreglo al art. 17, apdo. 1, de la Directiva 2019/790.
Requisitos del art. 17, apdo. 2
El art. 17, apdo. 2, extiende la autorización obtenida por el prestador de la plataforma a determinados actos realizados por sus usuarios. Para ello es necesario que dichos usuarios no actúen con carácter comercial o que su actividad no genere ingresos significativos.
El Tribunal de Justicia dedujo del contexto normativo que esta extensión no comprende únicamente los actos regulados en el art. 3 de la Directiva 2001/29. También incluye las reproducciones técnicamente necesarias para comunicar el contenido al público o ponerlo a disposición del público.
Si los usuarios tuvieran que obtener para ello otra autorización, se aplicarían dos regímenes diferentes a un único proceso de subida. Según la sentencia, esto podría aumentar la inseguridad jurídica y producir un efecto disuasorio sobre la subida de contenidos. A este respecto, el TJUE tuvo especialmente en cuenta la libertad de expresión y la libertad de las artes, protegidas por la Carta de los Derechos Fundamentales, así como el derecho de propiedad, incluida la propiedad intelectual.
Otras cuestiones quedaron sin respuesta
El Bundesverwaltungsgericht también había preguntado si una autorización para la reproducción obtenida por separado comprendería asimismo los actos realizados por usuarios que no actuasen con carácter comercial. Otra cuestión se refería a la posibilidad de encomendar el derecho de reproducción y el derecho de comunicación al público a distintas entidades de gestión colectiva o de gestionar individualmente parte de esos derechos.
Estas cuestiones solo se habían planteado para el supuesto de que fuera necesaria una autorización adicional para la reproducción. Dado que el TJUE negó la existencia de tal requisito independiente tanto para los prestadores de plataformas como para los usuarios, no respondió a estas cuestiones. En particular, el Tribunal de Justicia no decidió si los dos derechos pueden atribuirse por separado a distintas entidades de gestión a efectos de la concesión de licencias con arreglo al art. 17 ni en qué medida.
Conclusiones principales del TJUE
La sentencia distingue con precisión entre la calificación de un acto y el alcance de la autorización necesaria:
-
El almacenamiento de contenidos protegidos subidos a los servidores de un prestador de plataformas constituye una reproducción conforme al art. 2 de la Directiva 2001/29.
-
Esta reproducción es realizada por el propio prestador o le resulta imputable.
-
La excepción para copias técnicas provisionales prevista en el art. 5, apdo. 1, de la Directiva 2001/29 no es aplicable cuando el almacenamiento es indefinido o de larga duración; la comprobación fáctica corresponde al órgano jurisdiccional remitente.
-
Para las reproducciones técnicamente necesarias, el prestador no precisa una autorización distinta de la prevista en el art. 17, apdo. 1, de la Directiva 2019/790.
-
La subida efectuada por el usuario también constituye una reproducción.
-
Tampoco debe obtenerse una autorización adicional para este acto del usuario técnicamente necesario, porque está comprendido en la autorización que debe obtener el prestador.
-
Los requisitos del art. 17, apdo. 2, de la Directiva 2019/790 siguen siendo determinantes, en particular en lo que respecta al carácter comercial de la actividad del usuario o a la obtención de ingresos significativos.
Por tanto, la sentencia se refiere al alcance de la autorización que debe obtenerse con arreglo al art. 17, sin eliminar la condición de reproducciones de las copias digitales generadas durante la subida. De ello pueden derivarse otras cuestiones relativas a la atribución de derechos y la concesión de licencias para empresas, prestadores de plataformas, titulares de derechos y entidades de gestión. MTR Legal asesora a sus clientes en la valoración de estas situaciones en el marco del asesoramiento jurídico en materia de derechos de autor.
