El Bundesgerichtshof (BGH, Tribunal Federal de Justicia alemán) tuvo que pronunciarse sobre si una disposición de la escritura de división puede obligar a los propietarios de viviendas a cooperar en una posterior división material del terreno común.
Terreno con dos viviendas unifamiliares
El litigio tenía su origen en una comunidad de propietarios cuyo terreno había sido dividido en régimen de propiedad horizontal en marzo de 1996. En el terreno se habían construido dos viviendas unifamiliares independientes. Las dos partes del litigio eran causahabientes a título particular del propietario original que había efectuado la división del terreno.
El demandante era propietario de la vivienda unifamiliar situada en la parte delantera vista desde la calle. La demandada era propietaria de la vivienda unifamiliar trasera.
El § 6, apartado 5, de la escritura de división contenía la siguiente disposición:
«Asimismo, los propietarios se obligan a cooperar, al primer requerimiento de uno de ellos, en la ejecución de una división material. Los costes correspondientes se asumirán proporcionalmente» (traducción no oficial).
División material del terreno
El demandante pretendía conseguir la división material del terreno. De este modo, el terreno hasta entonces común debía dividirse en dos terrenos independientes.
Para llevar a cabo su proyecto, exigió a la demandada:
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el consentimiento para inscribir una carga urbanística relativa a un derecho de paso y de conducciones.
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Además, reclamó el reembolso de la mitad de los costes ya generados por la división del terreno promovida por él.
El demandante basó sus pretensiones en la disposición incluida en la escritura de división. Según esta, los propietarios estaban obligados a cooperar, al primer requerimiento, en la división material y a asumir proporcionalmente los costes asociados.
El Amtsgericht Kreuzberg (Tribunal Local de Kreuzberg) desestimó la demanda mediante sentencia de 25 de marzo de 2025 (Az. [número de expediente] 72a C 5038/24 WEG [Ley alemana de Propiedad Horizontal]). Tras el recurso de apelación del demandante, el Landgericht Berlin II (Tribunal Regional de Berlín II) modificó dicha resolución mediante sentencia de 10 de octubre de 2025 (Az. 85 S 31/25 WEG) y estimó la demanda.
A continuación, la demandada interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof. El Bundesgerichtshof resolvió el recurso mediante sentencia de 25 de septiembre de 2026 (Az. V ZR 214/25).
Sentencia del BGH
El Bundesgerichtshof estimó el recurso de casación de la demandada y anuló la sentencia del Landgericht Berlin II.
Al mismo tiempo, restableció la resolución dictada en primera instancia por el Amtsgericht Kreuzberg. De este modo, quedó definitivamente desestimada la demanda del propietario relativa al consentimiento para inscribir la carga urbanística y al reembolso proporcional de los costes.
Según el BGH, una obligación de cooperar en una división material no puede establecerse como parte del reglamento de la comunidad con efectos frente a causahabientes a título particular.
Una disposición de este tipo afecta a las bases jurídico-reales de la comunidad de propietarios. Además, dicha obligación vulnera la norma imperativa del § 11, apartado 1, primera frase, WEG.
No obstante, el BGH aclaró que, en principio, la obligación de cooperar posteriormente en una división material puede pactarse válidamente por otras vías. En particular, es admisible acordar dicha obligación directamente en un contrato de compraventa de un inmueble.
La obligación de división material afecta a las bases jurídico-reales
En primer lugar, el BGH declaró que el demandante no podía fundamentar sus pretensiones en el § 6, apartado 5, de la escritura de división.
Según el tribunal, la obligación de cooperar en una división material afecta a las bases jurídico-reales de la comunidad de propietarios.
Una división material implica que el terreno hasta entonces común se divida en varios terrenos independientes. Con ello se modifica la atribución jurídico-real existente de la propiedad horizontal.
Sin embargo, una modificación de este tipo no puede imponerse de manera vinculante mediante una disposición del reglamento de la comunidad con efectos frente a causahabientes a título particular.
En este sentido, el BGH mantuvo su jurisprudencia anterior, en particular la sentencia de 4 de abril de 2003 (Az. V ZR 322/02).
El § 10, apartado 1, segunda frase, WEG tampoco permite deducir una pretensión de consentimiento a una modificación de la atribución jurídico-real de la propiedad horizontal.
Por tanto, el reglamento de la comunidad no puede establecer una obligación dirigida a modificar posteriormente las bases jurídico-reales de la comunidad de propietarios.
Vulneración del § 11, apartado 1, primera frase, WEG
Además, el BGH fundamentó su decisión en el § 11, apartado 1, primera frase, WEG. Conforme a esta disposición, ningún propietario puede exigir la disolución de la comunidad.
La norma tiene por objeto proteger a los propietarios y garantizar que la comunidad de propietarios se mantenga, en principio, de forma permanente, con independencia de su tamaño y de su configuración constructiva.
Una obligación de cooperar en una división material que ya figure en el reglamento de la comunidad y que pueda ser activada en cualquier momento por un único propietario mediante el requerimiento correspondiente contradice este principio legal fundamental.
Por ello, el BGH aclaró que tal obligación vulnera la norma imperativa del § 11, apartado 1, primera frase, WEG.
Únicamente cabe una excepción cuando concurran los requisitos especiales del § 11, apartado 1, tercera frase, WEG. Sin embargo, estos no concurrían en el presente caso.
Por tanto, la obligación establecida en el § 6, apartado 5, de la escritura de división era inválida y tampoco podía producir efectos vinculantes frente a los causahabientes a título particular.
Sigue siendo posible pactar contractualmente la división material
Al mismo tiempo, el BGH aclaró que una obligación de cooperar posteriormente en una división material no es inadmisible con carácter general. Lo decisivo es la base jurídica sobre la que se pacte dicha obligación.
Así, según el tribunal, es plenamente admisible obligar al adquirente de una propiedad horizontal, ya en el contrato de compraventa, a cooperar posteriormente en una división material.
Además, dicha obligación puede configurarse como un contrato a favor de tercero conforme al § 328, apartado 1, BGB (Código Civil alemán). De este modo, los demás propietarios pueden adquirir derechos propios frente al adquirente.
Una obligación contractual de compraventa de esta naturaleza no vulnera el § 11, apartado 1, primera frase, WEG.
Sin embargo, en el caso resuelto no existía un acuerdo contractual de este tipo entre las partes. Ambas eran únicamente causahabientes a título particular del propietario original del terreno y no habían otorgado personalmente la escritura de división.
Inexistencia de una pretensión basada en la buena fe conforme al § 242 BGB
El demandante tampoco podía deducir del principio de buena fe conforme al § 242 BGB una pretensión de consentimiento a la división material.
Es cierto que, según la jurisprudencia del BGH, en circunstancias especiales puede existir una pretensión de disolución de la comunidad de propietarios.
Sin embargo, esto solo es posible en supuestos excepcionales muy restrictivos. En particular, la propiedad privativa o la propiedad sobre locales debe haber perdido prácticamente todo su valor económico. En este contexto, el BGH habla de los denominados «inmuebles basura».
Además, es necesario realizar una ponderación exhaustiva de los intereses. Para ello también deben tenerse en cuenta los intereses de aquellos propietarios que deseen continuar utilizando sus elementos privativos.
Según el BGH, estos estrictos requisitos también se aplican a las comunidades formadas por dos propietarios.
El mero hecho de que una división material haya pasado a ser admisible desde el punto de vista del derecho público debido a la modificación de las condiciones urbanísticas no resulta suficiente.
Una mejora de la posibilidad de explotación económica del terreno derivada de ello tampoco justifica una pretensión de disolución de la comunidad de propietarios.
Por el contrario, tales cambios económicos forman parte del ámbito de riesgo del respectivo propietario.
Imposibilidad de conversión en una obligación contractual
Por último, el BGH examinó si la disposición inválida de la escritura de división podía convertirse, conforme al § 140 BGB, en una obligación contractual de cooperar en la división material.
En principio, no existen objeciones jurídicas a un acuerdo contractual mediante el cual los propietarios se obliguen a cooperar en una posterior división material.
Sin embargo, dicha obligación presupone la celebración del correspondiente contrato entre las partes afectadas.
Este requisito no concurría en el presente caso. Las partes eran únicamente causahabientes a título particular del propietario original que había efectuado la división y no habían otorgado personalmente la escritura de división.
Por tanto, tampoco era posible convertir la disposición inválida en una obligación contractual.
Conclusión
Mediante su sentencia de 25 de septiembre de 2026 (Az. V ZR 214/25), el Bundesgerichtshof ha aclarado que una obligación de cooperar en una posterior división material no puede pactarse válidamente como parte del reglamento de la comunidad si también debe aplicarse a causahabientes a título particular.
Una disposición de este tipo afecta a las bases jurídico-reales de la comunidad de propietarios y, además, vulnera el § 11, apartado 1, primera frase, WEG.
En la práctica, la resolución implica, en particular, que las correspondientes disposiciones incluidas en las escrituras de división no constituyen una base suficiente para obligar a futuros adquirentes a consentir una división material.
Si se pretende garantizar una posterior división del terreno, es aconsejable pactar las obligaciones correspondientes directamente en los respectivos contratos de compraventa. También es posible configurarlas como un contrato a favor de tercero conforme al § 328 BGB.
La resolución resulta especialmente relevante para las comunidades de propietarios con viviendas pareadas, viviendas adosadas y viviendas unifamiliares independientes en las que se pretenda realizar posteriormente una división material del terreno.
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