En el derecho contractual, en 2022 hubo algunos cambios. Las empresas deben prestar especial atención a una configuración jurídicamente segura de sus Términos y Condiciones Generales (TCG).
Al inicio y durante el año 2022, entraron en vigor numerosos cambios en el derecho contractual. Los cambios afectan, entre otras cosas, al diseño legal de los TCG, que las empresas deben adaptar en consecuencia, explica la firma de abogados empresariales MTR Rechtsanwälte.
En los contratos con consumidores, una regulación importante se refiere a la duración del contrato o los plazos de cancelación en las llamadas obligaciones continuas. Estos incluyen, por ejemplo, suscripciones a periódicos, contratos entre gimnasios y consumidores o contratos de suministro de energía, lo cual puede ser de interés especialmente en tiempos de aumento de precios energéticos.
En este tipo de contratos, que implican una regularidad en la entrega de bienes o prestación de servicios, siguen siendo posibles los plazos mínimos de uno o dos años, sin embargo, se han mejorado las opciones de cancelación para el consumidor. Anteriormente, si se pasaba el plazo adecuado para cancelar, el contrato se renovaba automáticamente. En los contratos celebrados a partir del 1 de marzo de 2022, ahora se establece que al consumidor se le otorga el derecho de cancelar el contrato con un preaviso de un máximo de un mes al finalizar el plazo inicial. Las cláusulas opuestas en los TCG, que contemplan una renovación automática del contrato por un año, son inválidas. Para los contratos anteriores al 01.03.22, aún rigen las reglas antiguas, es decir, es posible una renovación automática del contrato de hasta un año y plazos de cancelación de hasta tres meses.
En línea, para tales obligaciones continuas, a partir del 01.07.2022, será obligatorio un botón de cancelación. Sin esta posibilidad, el consumidor puede cancelar el contrato en cualquier momento sin respetar un plazo de cancelación.
Además, las empresas ya no pueden excluir la cesión de reclamaciones de los consumidores, tanto derechos monetarios como otros derechos, en sus TCG. Las cláusulas correspondientes son inválidas.
Otros cambios afectan al derecho de compraventa. Así, entre otras cosas, se han cambiado los requisitos para la aceptación de un defecto de producto y también se ha aumentado de 6 a 12 meses la inversión de la carga de la prueba en beneficio del consumidor. También es nuevo el llamado contrato de consumo para productos digitales.
Si los TCG no cumplen con los nuevos requisitos legales, las empresas deben esperar recibir advertencias. Abogados experimentados en derecho contractual asesoran.
