La Ley de Cadenas de Suministro entra en vigor el 1 de enero de 2023. Para las empresas y la gerencia, esto significa que en el nuevo año enfrentarán nuevas obligaciones.
La Ley de Cadenas de Suministro, o Ley de Responsabilidad en la Cadena de Suministro (LkSG) como se llama en su totalidad, se aplicará a partir de 2023 inicialmente para empresas con al menos 3.000 empleados, y a partir de 2024 también para organizaciones con al menos 1.000 trabajadores. El objetivo de la ley es regular la responsabilidad empresarial en la observancia de los derechos humanos en las cadenas de suministro. Para directores generales y consejos de administración, esto significa que deben implementar y aplicar nuevos deberes de cuidado empresarial, según el abogado Michael Rainer, MTR Rechtsanwälte.
Las obligaciones de diligencia de la empresa según el LkSG se extienden a toda la cadena de suministro, desde la materia prima hasta el producto final. Los requisitos para las empresas están graduados y se orientan, entre otras cosas, en la capacidad de influencia que tiene la empresa sobre un autor de la violación de los derechos humanos y en los diferentes niveles dentro de la cadena de suministro. En principio, las obligaciones de diligencia se refieren al propio ámbito empresarial, a las acciones de los socios comerciales inmediatos y proveedores. Sin embargo, la responsabilidad según la Ley de Cadenas de Suministro no termina ahí. Si se conocen deficiencias dentro de la cadena de suministro, las empresas deben tomar medidas.
La Ley de Cadenas de Suministro incluye un catálogo de once convenios internacionales de derechos humanos reconocidos. Estos incluyen, entre otros, la prohibición del trabajo infantil, la esclavitud y el trabajo forzado, la falta de respeto a la salud y seguridad laboral o la retención de un salario adecuado.
Si las empresas no cumplen con sus obligaciones de diligencia, pueden enfrentar multas de hasta 8 millones de euros o el 2 por ciento de la facturación anual mundial. Además, las empresas pueden ser excluidas de la adjudicación de contratos públicos si la multa alcanza una cierta cantidad.
Según la Ley de Cadenas de Suministro, las empresas están obligadas a implementar una gestión de riesgos para poder cumplir con sus obligaciones de diligencia. Con un sistema de gestión de riesgos de este tipo, se pretende identificar y prevenir de manera temprana los riesgos de violaciones a los derechos humanos o daños ambientales.
Por lo tanto, se exige a las empresas realizar un análisis de riesgos con las medidas de control correspondientes. Si se identifica un riesgo, se deben tomar medidas preventivas. Si se han violado derechos protegidos, las empresas deben adoptar de inmediato medidas correctivas adecuadas en su ámbito empresarial.
La Ley de Cadenas de Suministro aumenta significativamente los requisitos para una compliance eficiente y también el riesgo de responsabilidad. Abogados experimentados asesoran.
