El Ministerio Federal de Finanzas ha presentado un proyecto de referencia para la implementación de la directiva DAC 7. El proyecto incluye también cambios en las auditorías externas o fiscales.
Con la llamada Directiva DAC 7, la UE implementa actualizaciones en la cooperación de las administraciones fiscales y en la modernización del derecho de procedimiento tributario, explica la firma de abogados MTR Rechtsanwälte. La directiva debe ser transpuesta al derecho nacional antes de fin de año, y el 12 de julio de 2022 el BMF ha presentado un proyecto de referencia.
Las nuevas regulaciones también afectan la realización de auditorías externas. Se deben acelerar mediante una serie de cambios en el Código Fiscal. Además, se debe crear una ‘ley sobre la obligación de informar y el intercambio automático de información por parte de los operadores de plataformas informantes’. Otro punto es la mejora del intercambio automático de información mediante cambios en la Ley de Asistencia Administrativa de la UE.
El punto central es la aceleración de las auditorías externas. Deben poder comenzar y concluir antes. Para lograrlo, el proyecto de referencia prevé una obligación ampliada de cooperación por parte de los contribuyentes. Los auditores, por su parte, deben indicar sus áreas de enfoque de auditoría y celebrar reuniones intermedias con los contribuyentes.
Se prevé, entre otras cosas, una limitación de la suspensión del plazo según el § 171 párrafo 4 AO. La suspensión del plazo será entonces de cinco años. El período de cinco años comienza a correr en el año en que se notifique el mandato de auditoría.
Además, debe ser posible elaborar conclusiones parciales vinculantes durante la auditoría fiscal aún en curso. El objetivo es así crear seguridad jurídica temprana.
También se debe introducir un nuevo sistema de sanciones si los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones de cooperación. Para ello, se introducirá el § 200a párrafo 1 AO. Si los requerimientos calificados de cooperación y presentación de la oficina de auditoría fiscal no se cumplen, se podrá exigir una multa por demora en la cooperación de 100 euros por día, pero no más de 10.000 euros.
La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Los contribuyentes deben prepararse para algunos cambios, especialmente respecto a su obligación de cooperación en las auditorías fiscales. Los abogados con experiencia en derecho tributario pueden asesorar.