La Ley de la Cadena de Suministro se introdujo el 1 de enero de 2023. Un componente central de la ley es el análisis de riesgos tanto en la propia empresa como respecto a los proveedores directos.
La Ley de la Cadena de Suministro, o más exactamente la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (LkSG), entró en vigor el 1 de enero de 2023 y se aplica inicialmente a empresas con al menos 3.000 empleados. A partir de 2024 también se aplicará a empresas con más de 1.000 empleados. El objetivo de la ley es, entre otros, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las normativas ambientales en la cadena de suministro. Esto plantea mayores exigencias a la conformidad de la empresa, según el abogado Michael Rainer, contacto para el Derecho Económico en la firma MTR Legal Rechtsanwälte.
Por lo tanto, el LkSG prevé la implementación de una gestión de riesgos adecuada y efectiva en las empresas para que se cumplan las obligaciones de diligencia debida. Para ello, la empresa debe realizar un análisis de riesgos adecuado para identificar, conforme al § 5 Abs.1 LkSG, los “riesgos relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente en su propio ámbito de negocio, así como con sus proveedores directos.” Este análisis de riesgos debe realizarse una vez al año. Además, debe realizarse también motivado por el evento cuando se espera que cambie significativamente o se amplíe significativamente la situación de riesgo en la cadena de suministro.
Las empresas deben cumplir con sus obligaciones de diligencia de manera adecuada, es decir, se gradúan y se orientan, de acuerdo con el § 3 Abs. 2 LkSG, en varios parámetros como la naturaleza y el alcance de la actividad empresarial de la empresa, las posibilidades de influencia de la empresa sobre el causante directo de una violación de las obligaciones relacionadas con los derechos humanos y el medio ambiente, la gravedad de la violación y la contribución de su propia empresa a la violación.
El análisis de riesgos también implica un cambio de perspectiva para las empresas. Además de los factores empresariales, según el LkSG, deben considerarse principalmente los riesgos relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente en la cadena de suministro.
Las empresas con menos de 1.000 empleados no están directamente afectadas por la Ley de la Cadena de Suministro, pero también deben prepararse para los cambios si son proveedores de empresas más grandes. Sus clientes requerirán entonces requisitos correspondientes de transparencia respecto al cumplimiento de los derechos humanos y las normativas de protección ambiental.
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