La ley de cadena de suministro fue introducida el 1 de enero de 2023. Un componente central de la ley es el análisis de riesgos en la propia empresa así como respecto a los proveedores directos.
La ley de cadena de suministro o, más precisamente, la Ley de Diligencia en la Cadena de Suministro (LkSG) entró en vigor el 1 de enero de 2023 y afecta inicialmente a empresas con al menos 3.000 empleados. A partir de 2024 también se aplicará a empresas con más de 1.000 empleados. El objetivo de la ley es, entre otros, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de normativas ambientales en la cadena de suministro. Esto plantea mayores exigencias a la conformidad de la empresa, según el abogado Michael Rainer, contacto para derecho comercial en el despacho MTR Legal Rechtsanwälte.
La LkSG prevé por lo tanto la implementación de una gestión de riesgos adecuada y eficaz en las empresas, para que se cumplan las obligaciones de diligencia. Para ello, la empresa debe realizar un análisis de riesgos adecuado para identificar, según § 5 párrafo 1 LkSG, los “riesgos relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente en su propia área de negocios así como con sus proveedores inmediatos.” Este análisis de riesgos debe realizarse una vez al año. Además, también debe realizarse por motivos específicos si se debe esperar una situación de riesgo sustancialmente cambiada o ampliada en la cadena de suministro.
Las empresas deben cumplir con sus obligaciones de diligencia de manera adecuada, es decir, están escalonadas y se orientan conforme al § 3 párrafo 2 LkSG en varios parámetros como el tipo y alcance de la actividad comercial de la empresa, las posibilidades de influencia de la empresa sobre el causante inmediato de una violación de las obligaciones relacionadas con los derechos humanos y el medio ambiente, la gravedad de la violación y la contribución causante de la propia empresa en la violación.
El análisis de riesgos también significa un cambio de perspectiva para las empresas. Además de los factores económicos, según la LkSG deben tenerse especialmente en cuenta los riesgos relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente en la cadena de suministro.
Las empresas con menos de 1.000 empleados no están directamente afectadas por la ley de cadena de suministro, pero también deben prepararse para cambios si son proveedores de empresas más grandes. Sus clientes entonces exigirán requisitos correspondientes de transparencia en cuanto al cumplimiento de derechos humanos y normativas de protección ambiental.
En MTR Legal asesoran en derecho comercial abogados experimentados sobre la implementación de los requisitos de la ley de cadena de suministro.
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