La Ley de Cadenas de Suministro entra en vigor el 1 de enero de 2023. Para las empresas y la dirección, esto significa que en el nuevo año enfrentarán nuevas obligaciones.
La Ley de Cadenas de Suministro o Ley de Diligencia Debida en las Cadenas de Suministro (LkSG) como se llama en su totalidad, se aplica a partir de 2023 inicialmente para empresas con al menos 3.000 empleados, y a partir de 2024 también para empresas con al menos 1.000 empleados. El objetivo de la ley es garantizar la responsabilidad empresarial para el cumplimiento de los derechos humanos en las cadenas de suministro. Para directivos y ejecutivos, esto significa que deben implementar y aplicar nuevas obligaciones de diligencia empresarial, según el abogado Michael Rainer, MTR Rechtsanwälte.
Las obligaciones de diligencia de la empresa se extienden según la LkSG a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la materia prima hasta el producto final. Los requerimientos para las empresas están graduados y se basan, entre otras cosas, en la capacidad de influencia que la empresa tiene sobre un infractor de los derechos humanos y en los diferentes niveles en la cadena de suministro. En principio, las obligaciones de diligencia se refieren al propio ámbito de gestión, a las acciones de los socios comerciales directos y los proveedores. Sin embargo, la responsabilidad según la Ley de Cadenas de Suministro no termina ahí. Si se conocen irregularidades dentro de la cadena de suministro, las empresas deben actuar.
La Ley de Cadenas de Suministro incluye un catálogo de once convenios internacionales de derechos humanos reconocidos. Estos incluyen, entre otros, las prohibiciones del trabajo infantil, la esclavitud y el trabajo forzado, la falta de respeto a la salud y seguridad en el trabajo o la retención de salarios adecuados.
Si las empresas no cumplen con sus deberes de diligencia, pueden enfrentar multas de hasta 8 millones de euros o el 2 por ciento de los ingresos anuales mundiales. Además, las empresas pueden ser excluidas de la adjudicación de contratos públicos si la multa alcanza una determinada cantidad.
Según la Ley de Cadenas de Suministro, las empresas están obligadas a implementar una gestión de riesgos para poder cumplir con sus deberes de diligencia. A través de un sistema de gestión de riesgos como este, se deben identificar y evitar temprano los riesgos de violaciones de derechos humanos o daños al medio ambiente.
Por lo tanto, se exige a las empresas que realicen un análisis de riesgos con las correspondientes medidas de control. Si se identifica un riesgo, se deben tomar medidas de prevención. Si se han violado derechos protegidos, las empresas deben tomar de inmediato medidas correctivas adecuadas en su propio ámbito de gestión.
La Ley de Cadenas de Suministro aumenta considerablemente los requisitos para una compliance eficiente, así como el riesgo de responsabilidad. Abogados experimentados asesoran.
