Con la introducción de un impuesto mínimo global, se avecina un cambio radical en el derecho fiscal internacional al que las empresas con operaciones internacionales deben prepararse.
El derecho fiscal internacional enfrenta una reforma profunda que afecta principalmente a los grupos multinacionales. La introducción de un impuesto mínimo global del 15 por ciento tiene como objetivo evitar que las empresas trasladen sus beneficios al extranjero para eludir sus obligaciones fiscales, según el bufete de abogados MTR Legal Rechtsanwälte, que también asesora a sus clientes en derecho fiscal internacional.
Hace unos dos años, en julio de 2021, los ministros de finanzas de los países del G20 acordaron una reforma de la fiscalidad empresarial internacional. El Ministerio de Finanzas de Alemania presentó un proyecto de ley de referencia el 10 de julio de 2023 para implementar la reforma. La nueva regulación se basa en dos pilares.
El primer pilar se refiere principalmente a la tributación de las empresas digitales que operan internacionalmente. Estas deben pagar impuestos en el país donde también se encuentran sus usuarios y, por ende, se obtienen ganancias. Actualmente, la tributación solo ocurre en el país donde la empresa tiene su sede. Ahora, los derechos tributarios deben redistribuirse del estado de residencia a los estados del mercado donde las empresas generan ganancias sin estar físicamente presentes. Esta redistribución también debe hacer innecesaria la introducción de impuestos digitales nacionales.
El segundo pilar es la introducción de un impuesto mínimo global. Esto debería crear un nivel mínimo de tributación válido mundialmente. Si el nivel no se alcanza en un país, se producirá un recargo fiscal. El sistema debe garantizar más equidad en el derecho fiscal internacional y evitar el traslado de beneficios a un país con tasas impositivas más bajas.
En total, 138 países en el marco de la OCDE han acordado una reforma de la fiscalidad empresarial internacional con un impuesto mínimo efectivo del 15 por ciento. El impuesto mínimo debe aplicarse a las empresas con operaciones internacionales que tengan una facturación de más de 750 millones de euros. Para finales de 2023, una directiva de la UE correspondiente debe implementarse en la legislación nacional.
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